El doctor Gustavo Maldonado, titular del juzgado de Instrucción Nº 6, declaró la inconstitucionalidad de la Directiva Nº 30, dictada el 25 de junio de 2007 por el entonces gobernador Jorge Busti, y de las resoluciones del Consejo General de Educación 2565, 3217 y 4740 (todas del 2008) “y por tanto su inaplicabilidad respecto de las jornadas de huelga docente producidas desde el día 20 de agosto de 2008”, reza el escrito.
La sentencia alcanza sólo a las tres docentes que iniciaron, con el patrocinio del abogado Carlos Fenés, la acción de inconstitucionalidad contra este conjunto de normativas. Se trata de Nora Martínez; Juana Selva Martínez y Susana Raquel Salgaro, en la causa que se inició el 9 de marzo de este año. Pero aunque el alcance de la resolución judicial es limitado a las tres docentes accionantes y por los descuentos producidos en 2008, se constituye por sí en un antecede clave en el marco del conflicto con el Gobierno.
En su conclusión, el Magistrado evaluó que no existió “calificación de ilegalidad” de la medida de fuerza ni en sede administrativa (Ministerio o Dirección de Trabajo) ni judicial.
En su resolución, el juez Maldonado pone de manifiesto que las quitas salariales (un maestro de grado que percibe el mínimo de 1.490 pesos pierde, en promedio, 45 pesos por cada día descontado) “resultan ser ilegales por haberse prescindido del procedimiento previo de calificación (de ilegal a la medida de fuerza), con lo que termina vulnerándose el debido proceso y la legítima defensa”.
Al declarar la inconstitucionalidad de aquella directiva Nº 30 —ataca la raíz de los descuentos, dijo el titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), César Baudino, al conocer la novedad—, Maldonado también dictó la «inaplicabilidad» de las resoluciones Nº 2.565, que ordenó a los directores informar sobre los docentes huelguistas; y Nº 3.217 y Nº 4.740, referida a los descuentos, con lo cual las quitas producidas en 2008 deberían quedar sin efecto.
