En la provincia de Entre Ríos, los trabajadores de la educación llevamos adelante un proceso de lucha político/reivindicativa que cumple un año.  Se reclama tanto la defensa estructural de la Escuela Pública, con financiamiento genuino e inversión sostenida, como la garantía de defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, con un punto central e innegociable, que es la recomposición salarial  para el sector.
AGMER como sindicato docente mayoritario de la provincia de Entre Ríos, en el marco de este proceso de lucha, que acumula 30 días de paro, marchas, carpas, vigilias, sentadas, petitorios, mesas de negociación, audiencias públicas, paritarias, debates, etc., enfrenta en la persona de sus principales referentes nacionales y provinciales un proceso  judicial de indagatoria.
La Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, en la figura de la Cra. Marta Madoz, miembro de la Junta Ejecutiva, la Central de los Trabajadores Argentinos de la provincia de Entre Ríos, en las personas de Sergio Elizar y Patricia Rodríguez -actuales secretarios adjunto y gremial respectivamente- y  la Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia de Entre Ríos, en la figura de su actual Secretario General Cro. César Baudino y las integrantes de la comisión Directiva Central AGMER 2006-2008, Norma Sánchez –Secretaria de Administración y Actas- y Zulma Sánchez –Secretaria de Educación-, enfrentan un proceso de indagatoria judicial, producto de haber cumplido con el mandato del congreso de la entidad, realizado el 27 de Agosto,  en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz. Ante el conocimiento de las resoluciones de dicho Congreso de la entidad, el gobierno provincial a través de su representante, solicitó a la Jueza Bautista  que “disponga las medidas legales correspondientes”.
Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos alertamos contra el accionar del gobierno de la provincia de Entre Ríos, que ante la reacción de los trabajadores en justo reclamo salarial, producto de la depreciación del salario real, han fijado como política acciones  a todas luces represivas, convirtiendo un problema político en uno judicial, es decir, criminalizar la protesta social para acallar por la vía intimidatoria los legítimos reclamos, motivados por incumplimientos estatales de deberes fijados en las Constituciones Nacional y Provincial.
Las autoridades de turno en nuestra provincia llaman al derecho a huelga día no trabajado. Los mecanismos de disciplinamiento social y de encubrimiento -que usa el gobierno de turno como parte de su estrategia comunicacional-  de lo que se trata en última instancia, inhiben el carácter político de la tarea docente y de su representación sindical en el campo de las organizaciones sociales.
Nuestra provincia atraviesa el proceso de reforma,  producto de la Nueva Ley de Educación provincial 9890/ 08. Las autoridades avanzan sin registrar el proceso de conflicto con el sector docente, sin considerar las posturas sindicales -a través de los ámbitos de gobierno de las organizaciones y de  las representaciones docentes en el marco del Consejo General de Educación- y, además, implementan la aplicación de la reforma en el ciclo básico completo de la secundaria, improvisada y sin inversión.
La identidad docente -atravesada históricamente, por los significados de la lucha en la defensa de la educación pública- debe referirse fundamentalmente a la construcción del conocimiento público, que sea herramienta de democratización, que se vea acompañado de espacios pedagógicos que refuercen la idea de lo colectivo, que muestren, al conjunto, una experiencia de organización que se potencia para construir nuevas formas de lucha que además de defender derechos, avance en otros nuevos, que destierre la idea de trabajadores precarizados en sus condiciones laborales, que plantee la soberanía pedagógica como herramienta y revolucione las prácticas áulicas, que llamen a las cosas por su nombre.
Como trabajadores de la educación en lucha, convocamos a todas las organizaciones sociales y sindicales, a los sindicatos hermanos de CTERA, a  los distintos colectivos sociales, religiosos y culturales a sumar adhesiones y hacerse presentes en Paraná,  capital de la Provincia de Entre Ríos, para dar una profunda muestra de resistencia al dejar expresado que: no vamos a permitir que los poderes políticos de turno cercenen nuestros derechos, ataquen el paro como herramienta y  persigan a los dirigentes sociales.
Estos 18 y 19 de junio, días en que nuestros compañeros son indagados en la justicia por cumplir con los mandatos de sus bases, todos los trabajadores de la educación estamos siendo  indagados, no vamos a dejar que esta “ marca sobre el papel” modifique nuestra profunda vocación de lucha y su poder pedagógico y liberador, porque creemos en un conocimiento emancipador que posibilite el pensamiento crítico y la reflexión,  que incentive la participación y la creación colectiva de una realidad distinta a la actual, que considere la defensa de lo público como un deber y que construya la subjetividad de los trabajadores en el proceso de defensa de los derechos para el conjunto.
Los esperamos junto a las riberas del Paraná.

Reivindicamos nuestras luchas históricas:
En defensa de la escuela pública y popular.
En defensa de los derechos laborales.
Por salarios dignos