La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) expresa su rechazo a la decisión del Poder Judicial de desalojar a las familias de trabajadores que ocupan las tierras de El Quebracho, en Santa Elena y exige que de inmediato se suspenda esta injusta determinación.

Desde hace años estas familias de colonos sobreviven trabajando las tierras que ahora se piensan desalojar para ponerlas al servicio de intereses económicos privados, a costa del sustento de decenas de entrerrianos.
AGMER exige tanto al poder Judicial como a las autoridades del Gobierno de Entre Ríos que actúen en defensa de los intereses de los más desprotegidos del sistema, en vez de seguir expulsando entrerrianos, primero de los campos y pueblos chicos, y luego de la provincia.

La equidad distributiva es imposible sin una justa distribución de las tierras. Pero nuestras autoridades prefieren salvaguardar los intereses de quienes concentran miles y miles de hectáreas, para satisfacer su voraz interés de ganancias.

Desde AGMER manifestamos nuestra solidaridad con las familias y convocamos a la sociedad entrerriana a repudiar el desalojo y continuar la lucha por una provincia con lugar para todos sus hijos y sus proyectos.